RODOLFO HERNANDEZ, EL “OUTSIDER” COLOMBIANO

 

José Antonio Mantilla

Prensa Andina

Bogotá D.C. (6 – 6 - 2022)

Angel Becassino, un argentino radicado en Colombia hace más de 40 años, es el etratega detrás de Rodolfo Hernández y quien introdujo una palabra del inglés a nuestro medio que hace carrera en el influjo de la política nacional.

Y como él está tratando de imponer al candidato uribista, como un “outsider”, forzando la interpretación del término inglés para desmarcarlo de su vinculación con el gamonal de El Ubérrimo, bien vale la pena hacer algunas precisiones al respecto.

El término de “outsider” fue impuesto en la década de los 90 por el expresidente Carlos Menen, en Argentina, en un contexto histórico en el cual la desidentificación partidaria imperante y la falta de interés en la cosa pública era “moneda corriente” (Ismael Jesús Iglesias Herrera - Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Villa María.), al igual que hoy en Colombia.

Y Becassino no ha inventado nada nuevo que la utilización (a cualquier costo) de los medios de comunicación convencionales y no convencionales, para generar la misma estrategia de hace más de 20 años en el país austral.

El discurso fomentado entonces por el ex presidente Menem “de la ineficiencia de lo público”, fue un factor clave que dio lugar al protagonismo de la televisión y los medios masivos de comunicación en general.

 “Su correlato fue el descreimiento y desconfianza en las instituciones, particularmente las vinculadas con el poder político y judicial”.  (Tomado del periódico El Estadista de Argentina)

Qué es un “outsider”

Según Gabriel Levita, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y en Estudios Políticos, profesor en la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad del Salvador y la Universidad de Buenos Aires, aunque en tiempos de elecciones utilicemos la expresión corrientemente, lo cierto es que no existe un consenso acerca de qué condiciones reúnen los outsiders e, incluso, es frecuente escuchar a una misma persona hablar de ellos con sentidos distintos y hasta contradictorios.

La acepción más difundida abarca a quienes se presentan a elecciones viniendo desde afuera de la política con un prestigio y un reconocimiento acumulados más allá de los partidos. Para Miguel Carreras se trata de “amateurs” si se suman a un partido existente u “outsiders completos” si crean uno nuevo. Los ejemplos más comunes provienen del mundo del deporte, el espectáculo, el periodismo y el empresariado. En Argentina, entre los casos más célebres podemos citar a Carlos Reutemann, Palito Ortega, Francisco de Narváez y Nito Artaza.

A veces, también se habla de outsiders para designar a quienes sí tienen una carrera política, pero que no forman parte de las élites partidarias. Quienes habitan en la periferia de los partidos hasta que en determinado momento cobran notoriedad y pasan al centro de la escena. Por sorprendente que suene hoy, tanto Carlos Menem como Néstor Kirchner fueron señalados en su momento como outsiders dentro del justicialismo, por no formar parte de la mesa chica nacional.

Finalmente, escuchamos el término para aludir a los llamados antisistema. Candidatos que se presentan a elecciones, pero rechazan en mayor o menor medida las instituciones de la democracia representativa y liberal. La Argentina es pobre en este tipo de casos, pero a nivel internacional abundan. Allí tenemos en primera plana a los Bolsonaro, los Trump, los Beppe Grillo y a una larga fila de políticos que, por derecha o por izquierda, han hecho de la anti-política y el anti-establishment sus principales banderas.

El problema es que estas tres definiciones no se implican necesariamente y con mucha frecuencia se confunden entre sí. Se puede venir de afuera de la política sin tener un discurso antipolítico, así como se puede ser un político profesional que hace carrera a fuerza de atacar el statu quo institucional. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de outsiders?

En el caso colombiano un outsider como Rodolfo Hernández, que viene de escándalo en escándalo, no representa mayor dificultad a la hora de marcar su estrategia, pues se trata simplemente de ajustar su vocabulario y sus actuaciones, para hacer ver en la opinión a un candidato franco, sincero,  popular, que habla simplemente  en un idioma elemental, como el común de la gente, dice lo que quieren escuchar las bases y se lo muestra en el lenguaje ramplón, porque eso “le hace ser auténtico” y además, se jacta de invertir millones de su propia fortuna, lo cual (como si fuera cierto), “le está ahorrando el dinero al Estado”.

Además, el outsider colombiano, se da el lujo de rechazar a quienes en la primera vuelta obtuvieron la más baja votación, haciéndole creer a los sufragantes que “por su popularidad y encanto”, no necesita un puñado de votos de un candidato clientelista, así provenga, de una de las opciones que como él están al lado del uribismo. Pero en cambio no ocurrió lo mismo con quien también representaba (supuestamente) las banderas del Centro Democrático, el uribismo y narcoparamilitarismo, a quien sí le aceptó y le agradeció por su apoyo (5.058.000 votos) como si toda esa votación fuese endosable.

Y no obstante los 33 procesos que tiene encima, más el de Vitalogic, por el cual está llamado a juicio el 21 de julio próximo, pretende pasar de agache con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, porque está convencido que, si gana, todos esos procesos se caerán y le sacará el quite a la justicia, como lo hace su patrocinador y mentor (aunque lo niegue) Álvaro Uribe Vélez.

El término outsider también lo refiere el diccionario oxforiano como un competidor desconocido y con pocas posibilidades de éxito; o como una persona al margen o fuera de las tendencias más comunes.

Lo cierto es que el 19 de junio, se sabrá si caló más la campaña del outsider Rodolfo, traída de los cabellos, por su estratega argentino, o la campaña criolla de quien ha demostrado a través de su carrera política, en la plaza pública, en los debates abiertos y en los privados que tiene la seriedad, la capacidad, la idoneidad, el conocimiento y los votos para gobernar y cambiar en democracia a Colombia.

 

676 AMBIENTALISTAS ASESINADOS EN DOS AÑOS Y EMPRESARIOS PIDEN NEGAR ACUERDO DE ESCAZU

 

Por José Antonio Mantilla

PRENSA ANDINA

Bogotá D.C., 1 de mayo 2022.- Después de más de dos años, desde la firma del Acuerdo de Escazú y tras la aprobación en primer debate en el Senado, el Consejo Gremial Nacional pide negar la iniciativa.

Con esa solicitud -dicen algunos congresistas y diversos sectores de la opinión nacional, que los más grandes empresarios del país, pretenden privilegiar el crecimiento económico a la vida de quienes se dedican a la protección de los bosques y del medio ambiente, tomando en cuenta que, solo en los últimos dos años, 676 líderes e indígenas (custodios ancestrales de la madre tierra) han sido asesinados.

“Luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”, expresó en un comunicado el Consejo Gremial Nacional en el que pide al Congreso de la República no aprobar el acuerdo.

Prevalidos del apoyo del Gobierno Nacional, dicen que “el Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”.

Dicen también los empresarios que “la protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento, y empleos".

Según el OBSERVATORIO DE DDHH, CONFLICTIVIDADES Y PAZ, en Colombia se presentan más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que en gran medida van en contravía de los intereses de las comunidades por el impacto socioambiental de dichos proyectos.

Según los expertos en materia ambiental en Colombia, Al contrario de lo señalado por sus opositores, el Acuerdo aporta elementos de gran valor para el manejo de los asuntos ambientales en el país.

CINCO RAZONES PARA SU RATIFICACIÓN

Uno - El Acuerdo de Escazú introduce un novedoso enfoque sobre los asuntos ambientales: el de la democracia ambiental. A diferencia del paradigma reinante, que mira la cuestión ambiental como costo y barrera para el crecimiento económico, esta nueva mirada se centra en la consideración de los derechos humanos y la participación ciudadana como requisitos necesarios para asegurar una economía próspera y garantizar el derecho a un ambiente sano.

Lo referente a la gestión ambiental no puede ser solamente –ni prioritariamente- el crecimiento económico, sino el bienestar de las comunidades en términos de vida digna.

Este enfoque convierte al Acuerdo, como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en un poderoso instrumento para la prevención de conflictos. En otras palabras, el Acuerdo, en lugar de afectar la inversión privada, propende por mejores condiciones sociales para su realización.

Dos - Es un complemento ideal para la aplicación de la normativa sobre acceso a la información pública y participación ciudadana en los asuntos ambientales. Colombia ya posee normas en esos campos, pero hay enormes barreras socio-culturales, institucionales y políticas para su adecuada y oportuna aplicación.

Tres - El Acuerdo de Escazú atribuye condiciones especiales a los grupos vulnerables como sujetos de derecho y de especial atención por parte del Estado. No es un elemento menor. Por el contrario, es relevante por dos razones: de un lado, en un país como Colombia, caracterizado por amplias brechas socioeconómicas, profundizadas por la pandemia y por las políticas regresivas del gobierno, las acciones de favorabilidad para las poblaciones excluidas de los beneficios del crecimiento económico y de la acción del Estado resultan ser determinantes. De otro, constituye una herramienta para la protección de los defensores y las defensoras del medio ambiente, cada vez más victimizados por manos criminales.

Cuatro - El Acuerdo otorga un nuevo estatus a los criterios ambientales como referentes para la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo del país. En Colombia, desde comienzos de este siglo, dichos criterios fueron relegados a un segundo plano, subordinándolos por completo a los objetivos del crecimiento económico. El sector ambiental perdió peso político, institucional y financiero dentro de las prioridades gubernamentales, sobre todo, cuando la actividad extractiva (minería e hidrocarburos) fue concebida como la locomotora del crecimiento del país. Escazú señala la importancia de los parámetros ambientales, siempre desde el enfoque de democracia ambiental arriba señalado, en el intento de promover el diseño de políticas públicas equilibradas y, sobre todo, atenidas a los requerimientos de participación ciudadana y garantía de los derechos.

Cinco - Los estándares del Acuerdo de Escazú ya están siendo adoptados por algunas entidades del gobierno colombiano. Es el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que en su proceso de reestructuración decidió incorporar dichos estándares en el manejo de sus competencias de licenciamiento ambiental, sobre todo en materia de acceso a información pública y participación ciudadana. Una razón adicional para que Colombia adopte el Acuerdo.

Por todas estas razones, la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso significa un paso positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana.

Y lo más importante, que el Gobierno Nacional se obliga a establecer acciones positivas para la protección de la vida de los líderes ambientalistas e indígenas en el país, a quienes organizaciones al margen de la ley, siguen asesinando y desplazando indiscriminadamente, en muchos casos con la protección de agentes oficiales.

DEL PARTIDO LIBERAL NO QUEDA NI EL TRAPO ROJO

 

 

Por José Antonio Mantilla

La decisión de los liberales -por imposición de César Gaviria- de respaldar la candidatura del ultraderechista Federico Gutiérrez a la presidencia, deja al “trapo rojo” hecho jirones.

Del otrora “Gran Partido Liberal”, solo queda la historia, pues los “últimos mohicanos”, los congresistas, los pensadores y hasta las bases del Partido Liberal, hace tiempo comenzamos a emigrar, precisamente porque César Gaviria, se aprovechó del momento histórico del asesinato de Luis Carlos Galán, para escalar a la presidencia y luego como jefe de la colectividad, traicionó la filosofía, el pensamiento vivo y el programa del Partido de Uribe Uribe, Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, del cual solo queda el nombre.

Ya ni siquiera bebe de las fuentes del socialismo, como decía Rafael Uribe Uribe.

Y no obstante con su camaleónica estirpe, se unió al Centro Democrático, para contribuir, con los votos que no le pertenecían, al triunfo del que dijo Uribe, y entregó las banderas del pueblo a lo más retrógrado de la derecha fascista, todo con tal de buscarle un puesto en la burocracia a su hijo y a unos cuantos amanuenses suyos.

Y ahora, no contento con eso, vuelve a repetir la historia con un puñado de congresistas sin ideología ni fortaleza mental, para traicionar a las bases y frustrar al pueblo.

No creo que haya verdaderos liberales que le hagan el juego para repetir la historia que estamos viviendo desde el siglo pasado.

Así, la única opción que nos queda, es respaldar a Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, en primera vuelta. Si, es ese que habla directo al grano, el único que llena las plazas en todo el país pese a las mentiras y la soterrada campaña de los enemigos del pueblo. Unámonos para romper las barreras de la opresión, de los gobiernos déspotas, del narcoparamilitarismo y orientémonos hacia un mejor futuro. Colombia vale la pena.

#DespiertaColombia

 

LA HISTORIA SE REPITE

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D.C., 15-4-2022)

De la misma forma como Laureano Gómez atacaba todo lo que se relacionaba con la denominada República Liberal, tras los aciagos años de la hegemonía conservadora, blasfemando contra los presidentes Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, surge otra vez la ultraderecha, con sus epítetos falaces, la mentira insidiosa y la política desleal, para arremeter con calumnias contra el candidato Gustavo Petro, del pacto histórico, en su intento por atajar su arrollador avance hacia la presidencia, incluso, poniendo en peligro su integridad personal.

Esta vez, desde el uribismo camuflado, se repite el axioma según el cual, todo se vale para frenar su ascenso electoral, pues mientras más se insista en las distorsionadas frases fascistas urdidas desde las bodegas donde operan las centrales donde no solo controlan la gran prensa sino también las redes sociales, más cala en la población la desfiguración de la personalidad demócrata de Petro.

Y para ello han invertido “todo el dinero del mundo”, financiado por el sector económico, los grandes inversionistas, industriales, comerciantes, banqueros, constructores e incluso el narcotráfico, hasta el colmo de -como lo quisieron hacer en las pasadas elecciones del 13 de marzo- distorsionar el mandato del pueblo en las urnas. Tal como ocurrió en 2018, cuando fue elegido el que dijo Uribe y que resultó ser el peor presidente en toda la historia de Colombia.

La táctica es calumniar y desgastar al candidato de la Colombia Humana, apoyados en los medios de comunicación formales que ellos dominan e incluso rechazando las pautas comerciales de la campaña de Petro.

Usar, como cuando lo hicieron con el plebiscito de la paz, todo tipo de maniobras, de tal manera que generaran pánico en los colombianos, lograran “emberracarlos” para finalmente obtener un margen de ganancia de 60 mil votos por el NO, en medio de una monstruosa abstención.

Y aunque la frase “calumniad, calumniad que de la calumnia algo queda”, fue plagiada por Laureano Gómez, la plasmó muy bien en nuestra historia política colombiana, pues desde entonces, se ha constituido en un argumento de la ultraderecha para combatir todo lo que les sea contrario a sus intereses, e impedir los cambios sociales y económicos dentro del juego abierto de la democracia.

Y de seguro esta vez no les funcionará la estrategia de “hacer emberracar a los colombianos” ni mucho menos la táctica del miedo para perpetuarse en el poder.

Colombia aspira a una alternativa de poder, cree en el cambio social y escogerá al mejor no con la “mano puesta en el corazón” sino con la seguridad de ejercer con independencia el derecho al voto, sufragar a conciencia y con la razón por la mejor opción, por un programa de gobierno serio e incluyente que nos garantice la paz, la convivencia nacional el desarrollo económico, la explotación racional de los recursos humanos y la equidad. Y ese candidato ya tiene un nombre: Gustavo Petro.

 

PIDO LA PALABRA

Por: Octavio Quintero

La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos que, en los medios de comunicación, se mide no solo por lo que se publica sino por lo que no se publica (libertad negativa), por considerarse necio o falso.

Un editorial de El Espectador (30.03.22), suscrito por su director, Fidel Cano Correa, “Estigmatizar al contrario no es democrático”, llama la atención porque, de entrada, contradice su enunciado al estigmatizar al candidato presidencial Gustavo Petro, acusándolo de “atacar la libertad de expresión”. Usar la libertad de expresión para calumniar no corresponde a Derecho. El ejercicio de los derechos y libertades constitucionales implica responsabilidades: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios", reza el art. 95 de la constitución colombiana.

“Petro nos quiere atracar”, titula David Ghitis una columna en RCN (28.03.22). Atracar, según la RAE, es asaltar con propósito de robar. El candidato presidencial reaccionó, diciendo: “Neonazis en RCN”, lo que fue interpretado por el medio como “estigmatización”, pues, en su concepto, el término “pone inmediatamente en riesgo la vida de quienes trabajamos en este medio de comunicación”. Neonazismo, según WikipediA, es una ideología que busca promover el odio y atacar a las minorías. La Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) expidió un comunicado apoyando a RCN. Al día siguiente, 29.03.22, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), distingue a la Flip con el Gran Premio Chapultepec 2022.

Ambas agremiaciones y los medios callan, o no hallan estigma, en la calificación de comunista, una ideología que llevó al genocidio entre 1984-2002, de 5.000 militantes de la UP (Unión Patriótica), incluyendo dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo); congresistas (Manuel Cepeda); alcaldes, diputados y concejales.

Deplorable, por demás, que El Espectador, que ha tributado hasta la vida de uno de sus directores, Guillermo Cano (1986), en aras de un periodismo riguroso (exacto, preciso y claro), abogue por un periodismo “laxo”, es decir, acomodado y poco estricto, ética y moralmente, según la connotación etimológica del vocablo. Lamentablemente el director de hoy está en la onda, pues, los medios de comunicación, universalmente, han desarrollado, en torno al derecho de libertad de expresión, una vía de un solo sentido que desemboca en laxos espacios de opinión a discreción de sus editores.

El editorial parece marcar el camino de la polarización ideológica, ya vista en varios países latinoamericanos, entre gobiernos de izquierda y la prensa. Bajo la sombrilla de la libertad de expresión se guarecen maquinarias políticas y grupos económicos que, tradicionalmente, han ostentado el poder. Y, estuvieran en todo su derecho si,  en su accionar, se atuvieran a la única norma que universalmente debiera definir al periodismo bien hecho: la veracidad, pues, nadie adquiere o funda una empresa periodista para hacer apología del contrario.

Si el inmenso poder público concentrado en un presidente autócrata es un peligro para la libertad de expresión, análogamente, el inmenso poder de la prensa, precedida de una laxitud cercana al hostigamiento, discriminación y la estigmatización del contrario, pues, también resulta un peligro. La libertad de expresión se mide no solo por lo que se dice, sino por lo que no se dice (libertad negativa), por ser, o presumirse, falso o necio. Y el derecho de réplica no es excusa; es, más bien, una especie de embudo por cuya ancha boca entran, a discreción, las calumnias y quedan atascadas en el cuello de las redacciones o en los estrados judiciales, sin contar con que, con una simple disculpa pública, se extingue el proceso. Dentro de una laxa libertad de expresión resulta fácil calumniar con premeditación y alevosía, ya que “de la calumnia algo queda”. Y a eso le apuestan los audaces columnistas, mal calificados de periodistas, otra distorsión que se coló en la “profesión más bella del mundo”: Albert Camus.

El problema de los medios de comunicación es grave. Una encuesta hecha con motivo del Festival Gabo 2019, arrojó que el 83,9% desconfiaba de los medios de comunicación. Si el porcentaje se ha modificado a hoy, debe haber sido al alza. Otro huraco son las redes sociales (RS)…  4.200 millones de personas, 53,1% de la población mundial, se informa por las RS (UNESCO/2021). Si la prensa está perdiendo su base de opinión pública (su interés general), ¿en qué está cimentada hoy, y para quién trabaja?

Fin de folio.- Según las informaciones difundidas por los medios occidentales en Europa, EE.UU. y América Latina, la guerra en Ucrania es sui géneris: solo están disparando y matando gente los rusos.

LOS ARCHIVOS DESAPARECIDOS DEL CONGRESO

 

Prensa Andina (Bogotá D.C. 27 – 03 – 2022)

La desaparición de los expedientes relacionados con la fallida aprobación del Acto Legislativo que determinaba -de acuerdo con el Proceso de Paz-, la asignación de 16 curules para las víctimas sigue dando de qué hablar. 

Tal como estaba previsto, funcionarios de la Fiscalía realizaron el viernes en horas de la mañana una visita al Capitolio Nacional, para iniciar la investigación por la pérdida de las actas y documentos relativos al debate que hace cuatro años determinó el hundimiento de la Reforma Constitucional y frustró las esperanzas de quienes aspiraban a esos escaños en el Congreso. 

Lo que nunca se esperaban quienes querían hacer trizas la decisión del Acuerdo de Paz, era que una tutela del senador Roy Barreras, autor de la iniciativa contra el hundimiento del proyecto, darían fruto y la Corte Constitucional validaría la votación, como en efecto lo hizo la sala plena por unanimidad el 10 de marzo de este año. 

El expediente que contenía todo el proceso extrañamente desapareció del archivo legislativo, un organismo creado por la Secretaría, de manera irregular, pues no guarda relación con lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley 5/92. Esta dependencia funciona en un sótano del edificio García Márquez, atendido por funcionarios en comisión más no expertos en cuestiones de archivo. 

El Secretario General,según las normas, es el responsable directo por la conservación y preservación de los expedientes y antecedentes de las leyes. 

Aunque no se sabe cuando desapareció el expediente, el propio secretario del Congreso, Gregorio Eljach Pacheco, denunció el año pasado ante la Fiscalía el hecho por posible desaparición de documento público, razón por la cual el 25 de este mes, se llevó a cabo la diligencia de interrogatorio a tres de los operarios de ambas cámaras, entre ellos una mecanógrafa ya pensionada y quien figura entre los sospechosos de acuerdo con la acusación formulada. 

El secretario del Senado fue denunciado por varios congresistas ante la Procuraduría, pero después de 4 años, no existe ningún proceso en su contra, por su irregular actuación tras haber declarado -asumiendo funciones que no le correspondían-, que “no existía la mayoría absoluta requerida para aprobar el proyecto”, cuando la votación de la norma se hizo por 50 votos a favor contra 7 negativos de los 98 posibles. 

El propio secretario del Senado, frente a la publicación de Prensa Andina, dijo a través de su funcionario de comunicaciones, que su esposa Martha Liliana Valencia fue designada en la Contraloría en un alto cargo, desde el quince de julio de 2015, por designación que hizo el Contralor General de la época, Edgardo Maya Villazón, antes de que ocurriera el descalabro de las curules de paz. 

Sin embargo, es de anotar, que Eljach Pacheco fue elegido en la Secretaría General el 20 de Julio de 2012 y para nadie es desconocido su poder, que en ocasiones va más allá del congresista que ejerce la presidencia y aún aspira a ser reelegido a partir del 20 de Julio.

VOX POPULI, VOX DEI

 

José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D.C., 21 – 12 – 2021)

Cada vez me desilusiono más, no de la política sino de quienes aspiran a los cargos de poder en Colombia. La ejercen, no como una actividad a favor de un pueblo sino como la oportunidad para alcanzar estatus, dignidades y riqueza, particulares.

Por eso poco o nada importan los ideales ni mucho menos las necesidades insatisfechas de quienes votan por ellos.  Y si para alcanzar sus metas es necesario aliarse hasta con el propio Satanás pues se hace, porque para ellos –como en El Príncipe de Maquiavelo- el “Fin justifica los medios”.

Y en un primer análisis de quienes aspiran hoy a la presidencia de Colombia, el panorama es oscuro y desapacible. Todos coquetean con la ilegalidad, con narcos, con comerciantes e industriales con capitales en paraísos fiscales; razón por la cual cada vez más aparecen en sus listas del Congreso, personas cuestionadas o con  nexos con “narcoparapolíticos”.

Entre los cuestionados aparecen Oscar Iván Zuluaga, el primero en resultar ungido, quien representa al Centro Democrático, partido creado por el controvertido expresidente subjudice, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo es el representante de la “Coalición de la Experiencia”, Alejandro Char, cacique político de la región Caribe, exalcalde y heredero electoral de la Casa Char, quien tiene encima 28 procesos por supuesta corrupción. Él alcanzó más de 2 millones 800 mil firmas en un tiempo record de diez días.

Su cuestionada victoria dejó por fuera las aspiraciones del Partido Conservador con David Barguil; las del Partido de la U con su directora Dilian Francisca Toro (Alfil del uribismo) y la de los exalcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y de Medellín Federico Gutiérrez. Estos últimos también criticados por sus amañadas prácticas durante sus administraciones.

En la denominada “Coalición Centro Esperanza”, Se disputan el honor de su representación cinco candidatos, todos ellos disidentes del Partido Liberal, con excepción de uno proveniente del Partido Verde.

Se trata de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Fajardo con un proceso fiscal encima, por los manejos de Hidro Hituango y su posición “tibia” en la política; el segundo parece no repuntar en las encuestas aunque dice haber presentado un millón 300 mil firmas para su nominación; y finalmente Galán, a quien se le atribuye manejos oscuros de dinero a través de la Fundación Luis Carlos Galán, a la cual se han orientado millonarios fondos del Estado. Los dos últimos no aparecen como opciones en las encuestas.

Y en este juego de coaliciones aparece la izquierda (que al contrario de lo que piensan los de la derecha, no está tan extrema) con el “Pacto Histórico”, cuya voz cantante es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quién sus salidas en falso le han generado todo tipo de críticas, pero cuyo solo nombre genera terror entre los demás grupos políticos en disputa, por arrasar en todas las encuestas.

Pero Petro también ha estado coqueteando con sectores o personas al margen de la ley, facilitándoles renglones en las listas para congreso, por encima de las críticas de quienes forman parte de su propia coalición. Incluso, Francia Márquez, una lideresa social del Cauca, quien representa los intereses de la afrocolombianidad, ha estado amagando con irse del pacto, si no se le respetan los puestos en las listas para senado y Cámara. Sobre todos estos hechos, Petro ha guardado silencio.

Finalmente queda –entre los más visibles- el candidato Rodolfo Hernández, un ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, protagonista de escándalos, hechos bochornosos, y quien también tiene procesos por los cuales lo investiga la Fiscalía General de la Nación. Uno de sus denuncias tiene que ver por la entrega de contratos sin el lleno de requisitos legales y por saltarse los procesos de licitación, para favorecer a uno de sus hijos.

Su inscripción en la Registraduría la hizo con un millón 800 mil firmas. Y aunque en las encuestas siempre aparece como segundo después de Gustavo Petro, su favorabilidad no le daría para disputarse la presidencia en la eventualidad de una segunda vuelta. Dice disponer de más de diez mil millones de pesos para financiar su campaña y para la confección de listas al Congreso les pidió dinero a los candidatos.

Ojalá tengamos en las próximas elecciones, la capacidad para valorar el poder del voto y nos convirtamos en veedores para impedir un nuevo zarpazo a la democracia. Y que los gobernantes que resulten de las urnas, entiendan la máxima latina “Vox populi, vox Dei: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.